UN DEBATE QUE YA ATRAVIESA AL MUNDO: REGULAR O SEGUIR PROHIBIENDO

La nueva escalada en el conflicto entre el sector taxista y el Municipio de nuestra ciudad, tras la intimación presentada por la Asociación de Propietarios de Taxis exigiendo mayores controles sobre el transporte no habilitado, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que desde hace años espera una definición política de fondo.

La controversia parece repetirse periódicamente: denuncias, pedidos de controles, secuestros de vehículos y acusaciones cruzadas. Sin embargo, detrás de cada episodio emerge una pregunta más profunda: ¿el problema es la existencia de las aplicaciones de transporte o la ausencia de una actualización de las reglas que permitan incorporarlas dentro de un marco legal y regulado?

Actualmente, la prestación del servicio mediante plataformas digitales como Uber, DiDi, Cabify y otras continúa impedida por una ordenanza municipal vigente desde 2018, que prohíbe expresamente este tipo de modalidades. Hace aproximadamente dos años incluso fue presentado un proyecto en el Concejo Deliberante para eliminar ese artículo restrictivo y habilitar una discusión más amplia sobre el tema, aunque la iniciativa no logró avanzar.

Mientras tanto, la realidad parece seguir otro ritmo. En ciudades argentinas y en gran parte del mundo, las plataformas digitales dejaron de ser una novedad para transformarse en una herramienta cotidiana de movilidad urbana. La mayoría de esas experiencias no optó por la prohibición permanente sino por esquemas regulatorios: registros obligatorios, seguros específicos, controles, habilitaciones, requisitos técnicos y mecanismos de fiscalización.

La discusión entonces podría dejar de centrarse exclusivamente en cómo impedir una actividad que de hecho ya existe, para pasar a debatir bajo qué condiciones debería funcionar.

Porque incluso quienes sostienen la necesidad de proteger al sistema tradicional de taxis reconocen que el escenario cambió. Los usuarios modificaron hábitos de consumo, incorporaron tecnologías y comenzaron a demandar nuevas formas de movilidad, con seguimiento en tiempo real, medios digitales de pago y disponibilidad inmediata.

El reclamo de los taxistas tiene argumentos atendibles. Quienes trabajan dentro del sistema habilitado cumplen exigencias, pagan impuestos, seguros y afrontan costos operativos establecidos por la normativa vigente. La preocupación por una competencia desigual es real y legítima.

Sin embargo, también aparece otra mirada: si la demanda existe y el servicio continúa funcionando pese a las prohibiciones, quizás el debate ya no pase por sostener un esquema restrictivo sino por construir una regulación que permita incorporar nuevas modalidades sin perjudicar a quienes ya desarrollan la actividad.

Puerto Madryn no parece enfrentarse únicamente a una discusión sobre transporte. El debate parece ser, en realidad, sobre cómo adaptar las normas a una realidad que avanza más rápido que las ordenanzas.

Tal vez haya llegado el momento de pasar de la confrontación permanente a una mesa de discusión donde el eje deje de ser prohibir o perseguir y pase a ser ordenar, controlar y regular. Porque la experiencia demuestra que, en muchas partes del país y del mundo, la pregunta ya no fue si las aplicaciones iban a llegar, sino de qué manera integrarlas al sistema existente.