EL HOGAR DE UNA FAMILIA OCUPADO POR PANADERIA

Un nuevo caso de presunto uso irregular de viviendas sociales volvió a encender el debate sobre el destino de las casas adjudicadas por el Estado provincial en Chubut. Esta vez, la situación fue detectada en nuestra ciudad, donde una propiedad perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) funcionaba como una panadería con una importante estructura comercial y alrededor de veinte empleados.

La denuncia fue confirmada por el presidente del IPV, Guillermo Espada, quien aseguró que el organismo avanzará con las actuaciones administrativas correspondientes y no descartó la quita del beneficio habitacional otorgado al adjudicatario.

Según explicó el funcionario, durante las inspecciones realizadas se constató que la vivienda social no estaba siendo utilizada con fines habitacionales familiares, tal como establece la normativa vigente, sino como centro operativo de una actividad comercial consolidada.

“El Estado provincial o todos los ciudadanos de Chubut no le pueden estar pagando al señor que está usufructuando esa panadería”, expresó Espada al referirse al caso, remarcando que el objetivo de las viviendas sociales es garantizar el acceso a una solución habitacional a familias que realmente la necesiten.

Desde el organismo provincial indicaron además que el adjudicatario no abonaba regularmente las cuotas correspondientes de la vivienda y que existirían indicios de que posee otras propiedades y varias sucursales comerciales, situación que agravaría aún más el cuadro de irregularidades detectadas.

La situación generó malestar dentro del IPV, especialmente en un contexto donde cientos de familias esperan acceder a una vivienda propia y continúan inscriptas en listas de demanda habitacional desde hace años.

Fuentes vinculadas al instituto señalaron que este tipo de casos “distorsiona el espíritu del sistema de adjudicación” y representa un perjuicio directo para quienes cumplen con los requisitos y esperan una respuesta del Estado.

En Puerto Madryn, el tema rápidamente comenzó a generar repercusiones sociales y políticas. Vecinos consultados manifestaron indignación ante la posibilidad de que una vivienda construida con fondos públicos haya sido utilizada para desarrollar un emprendimiento privado de gran magnitud.

“Hay familias enteras alquilando o viviendo hacinadas mientras otros usan las casas del IPV para hacer negocios”, expresó un vecino del sector donde funcionaba la panadería.

Desde el organismo provincial adelantaron que el expediente continuará su curso administrativo y legal, y que podrían avanzar con la revocación de la adjudicación y el eventual desalojo de la actividad comercial.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de los controles sobre las viviendas sociales en Chubut y la necesidad de fiscalizar que los inmuebles adjudicados cumplan efectivamente con el fin social para el que fueron construidos.

En los últimos años, el IPV ha intensificado las inspecciones en distintos puntos de la provincia con el objetivo de detectar alquileres irregulares, ventas no autorizadas, cesiones indebidas y usos comerciales de viviendas destinadas originalmente a familias sin acceso a una casa propia.

Mientras avanza la investigación, el episodio de Puerto Madryn se convierte en un nuevo ejemplo de las irregularidades que el Estado busca erradicar dentro del sistema habitacional provincial.