CUANDO LA BUROCRACIA ENFERMA: NUESTROS ABUELOS NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO
Lo que está ocurriendo con los adultos mayores en nuestra ciudad ya no puede analizarse únicamente como un problema administrativo o de gestión. Se trata de una situación profundamente humana que pone en riesgo la salud y la calidad de vida de miles de personas que, después de toda una vida de trabajo y aportes, hoy se encuentran atrapadas entre la burocracia, la falta de respuestas y un sistema sanitario que muestra claros signos de saturación.
El Consejo Provincial de Personas Mayores encendió una alarma que merece ser escuchada. Según su presidente, Oscar Furci, el Hospital “Andrés Ísola” recibe cada vez más pacientes provenientes de PAMI y de distintas obras sociales debido a las crecientes restricciones en la atención privada y a coseguros que muchos jubilados simplemente no pueden pagar. Los números son elocuentes: el propio Consejo sostiene que seis de cada diez personas que esperan para realizarse una extracción de sangre en el hospital pertenecen a PAMI o SEROS.
Pero la realidad va mucho más allá de las estadísticas. Detrás de cada número hay un abuelo o una abuela que debe levantarse de madrugada para conseguir un turno, soportar largas filas bajo temperaturas extremas o recorrer distintas oficinas intentando resolver trámites que deberían ser simples. Todo esto ocurre en medio de una intensa ola de frío, cuando precisamente las personas mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias.
Como si esto fuera poco, la renuncia de cinco médicos de cabecera dejó a numerosos afiliados sin profesional asignado y las demoras para acceder a una consulta ya alcanzan los 40 días. También persisten dificultades para obtener derivaciones y acceder a estudios médicos en centros privados, complicando aún más el acceso a una atención oportuna.
Oscar Furci atribuyó buena parte de esta crisis a una resolución nacional de PAMI que limitó las facturaciones de clínicas y laboratorios, generando restricciones en las prestaciones. En Puerto Madryn son más de 13.000 los afiliados de PAMI, a los que se suman jubilados de otras coberturas como ADOS, además de docentes y policías que también enfrentan dificultades para acceder a la atención médica.
Lo más preocupante es que, según denunció el propio Consejo Provincial de Personas Mayores, las gestiones realizadas ante la UGL de PAMI, la Defensoría del Adulto Mayor y legisladores nacionales no obtuvieron respuestas concretas.
La salud no puede depender de interminables trámites, ni de la capacidad económica para afrontar un coseguro, ni mucho menos de la resistencia física para soportar horas de espera bajo el frío. Una sociedad se mide, entre otras cosas, por el respeto y el cuidado que brinda a sus adultos mayores. Ellos no necesitan promesas ni explicaciones; necesitan respuestas urgentes.
Porque nadie debería pasar sus años de jubilación peregrinando entre ventanillas, esperando un turno o preguntándose si podrá acceder a un estudio médico. Detrás de cada demora hay una persona, una familia y una historia que merece ser tratada con la dignidad que corresponde.
