BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS PARA UN SECTOR PRIVILEGIADO
La Resolución Nº 597/26 del Ejecutivo Municipal de Puerto Madryn abre un debate que el gobierno local parece querer pasar por debajo del radar: ¿cuáles son realmente las prioridades cuando se administran los recursos públicos?
Mientras vecinos, jubilados, comerciantes y trabajadores vienen soportando aumentos constantes en tasas, servicios y costos de vida, el Municipio decidió otorgar una bonificación del 100% en conceptos vinculados a Derechos de Inspección de Abasto, recolección de residuos, limpieza y conservación de la vía pública y tratamiento de disposición final de residuos a empresas radicadas en la ciudad dedicadas a la actividad pesquera durante todo el ejercicio fiscal 2026.
No se trata de un incentivo moderado o de una reducción parcial orientada a sostener empleo en un contexto complejo. Se trata directamente de una eximición total. Cien por ciento. Nada menos que para uno de los sectores económicamente más fuertes y rentables de la región.
La propia resolución establece textualmente que las empresas pesqueras quedarán alcanzadas por una “bonificación del 100% del monto a pagar” en tasas vinculadas justamente a servicios que el Estado municipal debe seguir prestando y financiando con recursos de todos los contribuyentes.
Y aquí aparece la pregunta inevitable:
¿quién cubre entonces ese costo?
Porque mientras al sector pesquero se le alivian cargas por cientos de millones de pesos, el pequeño comerciante sigue afrontando alícuotas que llegan al 1,48% sobre su facturación y un módulo municipal que no deja de actualizarse. Mientras tanto, jubilados y sectores vulnerables no reciben ninguna resolución automática que les reduzca un 100% sus obligaciones municipales ni les compense el deterioro de sus ingresos frente a la inflación.
Más aún: resulta difícil comprender bajo qué criterio técnico o de equidad se decide que empresas que generan un importante volumen de residuos industriales no deban pagar por su tratamiento, mientras el resto de la comunidad continúa financiando esos servicios a través de tasas e impuestos.
El argumento del “fomento productivo” pierde fuerza cuando el beneficio resulta extremo y desproporcionado. Nadie discute la necesidad de incentivar la actividad económica o preservar fuentes laborales. Lo cuestionable es el nivel del privilegio otorgado y la falta de transparencia política con la que se intenta presentar la medida.
Porque además, mientras se anuncian con bombos y platillos obras de adoquinado y mejoras urbanas, pocas veces se aclara que en muchos casos la mayor carga económica recae sobre el propio frentista. Son los vecinos quienes terminan endeudándose para afrontar materiales y mano de obra, mientras el Municipio aporta parcialmente trabajos de movimiento de suelo. Y aun así, luego capitaliza políticamente obras que además le significarán un ahorro futuro en mantenimiento de calles de tierra.
Es decir: el vecino paga, el municipio inaugura y algunos sectores económicos reciben eximiciones totales.
En ese contexto, la Resolución 597/26 no parece solamente una medida de promoción industrial. Parece una señal política clara sobre quiénes tienen prioridad y quiénes quedan relegados a seguir sosteniendo el sistema.
La discusión de fondo no es únicamente económica. Es también ética y social.
¿Puede un municipio resignar cientos de millones de pesos en favor de empresas exportadoras mientras argumenta falta de recursos para obras básicas, servicios esenciales o alivio tributario para sectores vulnerables?
La comunidad merece una explicación seria, transparente y pública. Porque cuando los beneficios son para unos pocos y el esfuerzo queda para la mayoría, el debate deja de ser técnico y pasa a ser profundamente político.
