¿QUIÉN NOS PROTEGE DE LOS REINCIDENTES?
Un nuevo caso enciende el debate sobre los límites de la libertad condicional
En nuestra ciudad, un hombre condenado volvió a delinquir mientras gozaba del beneficio de una pena en suspenso. El caso reabre un debate incómodo pero necesario: ¿qué ocurre cuando los derechos y beneficios que otorga la ley terminan dejando desprotegida a la sociedad?
El juez penal Horacio Yangüela resolvió revocar la condena condicional de tres años de prisión que pesaba sobre Andrés Lorenzo, quien ahora deberá cumplirla de manera efectiva. La medida se tomó a pedido del fiscal Mauricio Baigorria, luego de comprobarse que el acusado incumplió las pautas de conducta impuestas y, además, fue detenido nuevamente en una causa por un nuevo delito contra la propiedad.
La prisión condicional, prevista en el artículo 26 del Código Penal, es una herramienta jurídica que busca ofrecer una segunda oportunidad a quienes enfrentan penas leves y no cuentan con antecedentes. Sin embargo, cada vez con más frecuencia se observan casos en los que los beneficiados reinciden, convirtiéndose en una amenaza latente para sus vecinos, mientras el sistema judicial parece repetir el mismo ciclo.
El espíritu de la ley es garantizar la reinserción social. Pero la pregunta que muchos ciudadanos se hacen —y que este caso vuelve a poner sobre la mesa— es inevitable: ¿qué ley protege a los demás cuando esa oportunidad se desperdicia?
Tal vez sea momento de revisar no solo los artículos del Código Penal, sino también el equilibrio entre los derechos de los condenados y el derecho colectivo a vivir seguros.
