“OJITO” GARAY EN EL OJO DE LA JUSTICIA
Otra vez, una historia que se repite y que deja en evidencia las grietas del sistema judicial. Esteban Javier “Ojito” Garay, de 37 años, volverá a prisión luego de que el tribunal integrado por los jueces Horacio Yanguela, Marcelo Orlando y María Inés Bartels resolviera revocar su libertad condicional. La decisión se tomó tras comprobarse que el condenado no cumplía con las restricciones impuestas: tenía prohibidas las salidas nocturnas, pero la policía lo encontró fuera de su domicilio durante la noche.
La medida se originó a partir de un informe de la Comisaría Cuarta, que detectó el incumplimiento durante un control preventivo. Con esos elementos, el fiscal Mauricio Baigorria solicitó la revocación del beneficio, lo que inicialmente fue dispuesto por la jueza Yamila Flores. La defensa pública apeló, pero el tribunal de revisión confirmó la medida: Garay deberá cumplir el resto de su condena tras las rejas.
El caso de “Ojito” Garay no es menor. Fue condenado por un hecho violento ocurrido el 5 de diciembre de 2023, cuando ingresó a una vivienda de la calle Marcos A. Zar al 900, donde redujo y ató al propietario para luego sustraer diversos objetos: una billetera, un televisor, un celular y una caja con relojes. La justicia lo declaró reincidente por tercera vez y le impuso pena de prisión efectiva.
Lo que resulta difícil de comprender —y que genera indignación entre los vecinos— es cómo alguien con ese prontuario y con semejante historial de violencia pudo estar transitando una condena en su casa, con una custodia tan laxa que le permitió circular libremente por las calles.
Casos como este vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que ya suena repetida pero sigue sin respuesta: ¿qué tipo de control real existe sobre quienes obtienen beneficios de libertad condicional o domiciliaria? Porque detrás de cada nombre y expediente hay una comunidad que convive con el miedo, que siente que la puerta giratoria de la justicia deja abierta la posibilidad de volver a cruzarse con quien alguna vez vulneró la seguridad de todos.
La revocación de la libertad condicional de Garay puede ser un acto de corrección judicial. Pero también debería ser una señal de alarma sobre un sistema que muchas veces parece más preocupado por garantizar beneficios que por proteger a quienes deben sentirse resguardados: los ciudadanos.
