¿EN QUÉ MANOS ESTÁ LA JUSTICIA?
Marcos Dip estuvo prófugo durante un mes y medio y el juzgado que debía controlar su condena no lo sabía
Marcos Dip se fugó el 5 de julio mientras cumplía una condena y había accedido a salidas transitorias. Permaneció prófugo durante aproximadamente un mes y medio y el juzgado de Ejecución Penal de Puerto Madryn recién tomó conocimiento de la situación cuando el hombre murió, tras ser baleado durante un intento de robo en Trelew.
La explicación brindada por el juez de Ejecución Penal Daniel Yangüela resulta tan preocupante como el hecho en sí: la información sobre la fuga había sido enviada por error a la Oficina Judicial de Trelew, cuando debía llegar a Puerto Madryn.
Y allí aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede un condenado bajo seguimiento judicial desaparecer durante semanas y que el juzgado responsable de controlar su situación no sea informado?
Según explicó el magistrado, si la comunicación hubiera llegado correctamente, se podría haber ordenado su captura y puesto en marcha la búsqueda correspondiente. Eso no ocurrió.
Mientras Dip permanecía prófugo, nadie en el organismo que debía controlar el cumplimiento de su condena tenía conocimiento de la evasión.
Ahora se habla de sumarios administrativos para determinar qué ocurrió con aquella comunicación y cuál fue el recorrido que siguió. Pero la pregunta de fondo excede un error administrativo.
¿Cuántos controles fallaron para que una persona condenada pudiera permanecer prófuga durante un mes y medio sin que el juzgado que debía intervenir lo supiera?
Las salidas transitorias forman parte de un sistema previsto por la Ley de Ejecución Penal y no constituyen, por sí mismas, una irregularidad. El problema aparece cuando los mecanismos destinados a controlar esas decisiones fallan.
Y en este caso, según la propia explicación judicial, la falla no estuvo solamente en quien debía cumplir con una obligación: estuvo en la comunicación entre los organismos que debían controlar que esa obligación se cumpliera.
La Justicia ahora deberá determinar responsabilidades.
Pero hay algo que no necesita de un sumario para comprenderse: un condenado se fugó, el organismo que debía saberlo no fue informado y durante un mes y medio nadie corrigió el error.
Demasiado tiempo. Demasiada información que no llegó. Demasiadas explicaciones.
Y una pregunta que queda flotando sobre todo el sistema:
¿En qué manos estamos dejando la seguridad y el cumplimiento de las condenas?
