LOS VAIVENES DE LA PESCA: DECISIONES QUE VAN Y VIENEN AL RITMO DEL OLEAJE POLÍTICO
En menos de una semana, el Gobierno del Chubut presentó y retiró un proyecto de ley que proponía ampliar de 40 a 42 los permisos de pesca. Una iniciativa que nació bajo el argumento de “mitigar la desocupación en el Valle”, pero que encalló rápidamente ante la presión del propio sector pesquero, gremios y cámaras empresariales. Una muestra más de la inestabilidad con que se manejan las políticas públicas en torno a uno de los recursos más sensibles y estratégicos de la provincia: el mar y su riqueza.
El Proyecto de Ley N° 13.125, ingresado el 25 de octubre, buscaba una ampliación “transitoria y no prorrogable” de los permisos de pesca, un detalle que, lejos de tranquilizar, encendió las alertas de buena parte del sector. En una provincia donde cada permiso tiene un valor económico y político enorme, abrir la puerta —aunque sea apenas un poco— a nuevas licencias, suele despertar sospechas sobre quiénes serían los beneficiarios y bajo qué criterios.
Las cámaras empresariales, agrupadas en Intercámaras, reaccionaron con un comunicado inusual por su tono institucional pero firme, donde celebraron que el Ejecutivo “reviera posiciones” y valoraron la apertura al diálogo. Lo que en otras palabras significa que el retroceso oficial fue bienvenido. También pidieron lo que hace tiempo se reclama: una mesa técnica multisectorial, que incorpore a todos los actores —empresarios, sindicatos, científicos y legisladores— para diseñar una política pesquera seria, previsible y sustentable.
Desde Puerto Madryn, epicentro histórico y operativo de buena parte de la industria pesquera, el episodio se observa con una mezcla de desconcierto y resignación. Cada movimiento político en materia de permisos repercute directamente en nuestra ciudad: en los muelles, en los talleres navales, en las plantas de procesamiento y, por supuesto, en el empleo. Aquí se siente primero cualquier alteración en la cadena productiva.
Más allá de las explicaciones técnicas, el verdadero problema es la improvisación. La gestión de los recursos pesqueros no puede depender del pulso de la coyuntura ni de las presiones momentáneas. Cada retroceso o avance improvisado genera incertidumbre en un sector que necesita previsibilidad, inversiones y planificación a largo plazo. Las idas y vueltas —como las de estos días— erosionan la confianza y vuelven a poner en duda la capacidad de la política para conducir con responsabilidad un tema que afecta a toda la comunidad.
La pesca no es solo una actividad económica: es el sostén vital de Puerto Madryn y una fuente de orgullo para sus trabajadores. Cada decisión que se toma en Rawson o en la Legislatura repercute aquí, donde los barcos parten cada temporada, donde se procesa el langostino que sostiene miles de familias y donde se siente, como en ningún otro lugar, la necesidad de reglas claras.
Por ahora, el proyecto duerme en los cajones. Pero su fugaz aparición vuelve a recordarnos que, en el mar y en la política, los cambios de viento pueden ser repentinos. Y que lo que realmente necesita el sector pesquero chubutense no es más permisos, sino una brújula firme que oriente el rumbo hacia un desarrollo sustentable, equitativo y transparente.
