CUANDO LA JUSTICIA SE ENCIERRA EN CASA

Nuestra ciudad vuelve a ser escenario de una discusión que nos atraviesa como sociedad: ¿hasta dónde llega la comprensión y dónde empieza la impunidad?

Hace apenas un mes llorábamos la muerte de Elías, un niño de un año y medio que perdió la vida en un siniestro provocado por su propio padre, quien manejaba alcoholizado. Aquel episodio dejó una herida profunda, no solo por la tragedia en sí, sino por lo que vino después: un acusado con prisión domiciliaria, beneficios judiciales, y una sensación generalizada de que las decisiones de los tribunales parecen caminar por una senda distinta a la del sentido común.

Hoy, esa herida se abre de nuevo. Cuatro mujeres —acusadas de haber participado en el incendio que dejó a una agente policial gravemente herida— también cumplirán prisión domiciliaria. La jueza que resolvió el beneficio argumentó razones de “perspectiva de género y de niñez”, considerando que las imputadas son madres o se encuentran bajo tratamiento médico. Nadie discute la importancia de esas miradas dentro del sistema judicial. Pero lo que se discute, y con razón, es la liviandad con la que a veces se aplican, como si la empatía con unas implicara desentenderse del sufrimiento de otras.

Porque aquí también hay víctimas mujeres. Una policía internada en terapia intensiva, con quemaduras severas, que cumplía su deber en un contexto de violencia desbordada. ¿Dónde queda la perspectiva de género cuando la víctima también es una mujer que casi pierde la vida?

En los últimos días, la indignación social crece. Y no por un deseo de castigo, sino por la necesidad de coherencia. La comunidad observa con perplejidad cómo, en un mismo caso, las responsabilidades se multiplican pero las consecuencias parecen diluirse. Un padre que mata a su hijo y cumple la condena en su casa. Cuatro acusadas por un ataque que podría haber terminado en tragedia, también en sus casas. Y una sociedad que empieza a preguntarse si la justicia, en lugar de custodiar, se protege a sí misma entre las paredes del domicilio.

No se trata de desconocer el valor de los derechos humanos, ni de negar la complejidad de los casos. Se trata de preguntarnos si estas decisiones están ayudando a sanar el tejido social o si, por el contrario, están profundizando la brecha entre la ley y la calle.

La justicia no puede seguir dándole la espalda al sentimiento de comunidad. Porque cuando los fallos se vuelven incomprensibles, la gente deja de creer, y lo que sigue es el terreno más peligroso: el de la desconfianza y la frustración colectiva.

Puerto Madryn no necesita más dolor ni más rabia. Necesita respuestas claras, y sobre todo, una justicia que entienda que la empatía no se construye con excusas, sino con equilibrio y responsabilidad.