ESTAFAS CON CHEQUES FALSOS
Nuestra ciudad vuelve a quedar en el centro de una investigación judicial que, lejos de limitarse a un hecho aislado, expone la existencia de maniobras delictivas sofisticadas que atraviesan fronteras provinciales. La causa por estafas con cheques apócrifos, que ya acumula pruebas contundentes, tiene a varios imputados con la prisión preventiva prorrogada por 90 días, mientras la Justicia sigue desenredando un modus operandi que parece haber sido más que un golpe de ocasión: un verdadero medio de vida.
El fiscal jefe, Alex Williams, fue categórico: “Los imputados están seriamente comprometidos con la maniobra, desde la preparación hasta el intento de hacer desaparecer las calderas que eran el objeto del fraude”. Sus declaraciones marcan la dimensión de la pesquisa, que incluye pericias electrónicas, allanamientos en distintas localidades y la aparición de documentos falsificados con rostros reales pero identidades inventadas, al mejor estilo de las películas de estafas internacionales.
Lo que comenzó con un nombre falso —“Marcelo Peñaloza”, supuesto agente del Servicio Penitenciario Federal— retirando mercadería en un comercio local, se transformó en el disparador de una investigación que ya detectó vínculos en Mendoza, Neuquén e incluso menciones a Madrid. La magnitud del caso, estimada en más de 15 millones de pesos, revela que Puerto Madryn no fue el único escenario de esta red, sino apenas uno de sus engranajes.
El accionar de la Dirección de Investigaciones, que logró identificar a los sospechosos mediante cámaras y geolocalización de teléfonos, permitió recuperar parte de las calderas robadas, aunque aún queda mucho por esclarecer. Un prófugo en Mendoza y la sospecha de otras víctimas por fuera de la ciudad muestran que la trama está lejos de cerrarse.
La jueza María Inés Bartels decidió mantener la preventiva de los acusados, ponderando el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Y, aunque desde la Fiscalía se muestra confianza en que el avance de la causa permitirá sumar más pruebas, lo cierto es que la investigación también deja al descubierto una realidad incómoda: el nivel de organización y planificación de estas estafas interpela a toda la comunidad sobre los controles que fallan y las puertas que se abren para que delitos de esta escala puedan prosperar.
En definitiva, la investigación judicial no solo persigue responsables: también deja en evidencia la necesidad de una sociedad más alerta y de un sistema institucional que pueda anticiparse a los delitos, en lugar de limitarse a recoger sus huellas.
