FALLO CON SABOR AMARGO: DEJA LA CONTAMINACION IMPUNE
La absolución dictada este lunes por la jueza Patricia Reyes en favor de dos directivos de Conarpesa no solo sorprendió, sino que también generó un profundo malestar social. Nadine Parry y Yosef Vargas, acusados de verter líquidos contaminantes al mar, quedaron liberados de toda responsabilidad penal. La Fiscalía, que había solicitado penas de cumplimiento efectivo, ya adelantó que apelará ante el Superior Tribunal de Justicia.
Pero más allá del tecnicismo jurídico y del beneficio de la duda, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿quién contamina entonces el Golfo Nuevo? El juicio nació en 2023, tras un video viral que mostraba un efluente naranja derramándose directamente al mar. La investigación reveló un caño oculto y un sistema clandestino de by-pass que permitía descargar efluentes sin tratar. Todo eso fue constatado, fotografiado y documentado.
El fiscal Alex Williams lo resumió con claridad: “El sistema de cañerías existía y todavía existe. Cuando fuimos a la inspección ocular, el caño seguía ahí”. Sin embargo, la Justicia eligió no ver lo evidente. La pesquera sostiene que no hubo pruebas suficientes para condenar; el fallo, en los hechos, convierte una sospecha documentada en un misterio sin culpables.
La resolución no solo absuelve a dos imputados: también absuelve, simbólicamente, a un sistema empresarial que desde hace años es señalado por prácticas contaminantes. Mientras tanto, el Golfo —patrimonio natural de toda la comunidad— sigue cargando con el costo ambiental.
La sociedad esperaba un precedente histórico que marcara límites claros frente a quienes lucran a expensas de la naturaleza. En cambio, se encontró con un veredicto que deja la amarga sensación de que, una vez más, la impunidad tiene más peso que el agua limpia.
