MARCELA TAGARIELLO: UNA MUERTE QUE INTERPELA AL SISTEMA
Un mes después del asesinato de la oficial de policía Marcela Tagariello, la herida institucional y social sigue abierta. Este viernes, en la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn, se realizó un homenaje cargado de dolor y bronca. Allí, el Comisario General Andrés García, jefe de la Policía del Chubut, expresó sin rodeos lo que muchos dentro y fuera de la fuerza se preguntan: ¿cómo es posible que alguien con semejante historial delictivo haya estado en libertad el día que disparó el arma que terminó con la vida de la agente?
“Nosotros entendemos —dijo García— que hay responsables por encima de quien hoy está detenido, de la lacra humana que apretó el gatillo”. Con esa frase no sólo apuntó al autor material del crimen, sino al entramado judicial que permitió su libertad condicional, pese a los múltiples antecedentes que acumulaba.
El jefe policial recordó que el agresor había sido beneficiado con la libertad condicional en 2024, y que durante ese mismo período cometió robos agravados con armas de fuego y otros delitos graves, sin que ello derivara en la revocación de la medida. “Alguien, por inacción u omisión, permitió que continuara en libertad”, remarcó.
La crítica de García abre una discusión incómoda, pero necesaria: la relación entre justicia, seguridad y sociedad. Porque mientras la Policía suele ser juzgada con severidad ante cualquier error en el ejercicio de sus funciones, los mecanismos judiciales que habilitan la libertad de delincuentes reincidentes parecen transitar con una indulgencia que rara vez se explica de cara a la comunidad.
“No vi presente a nadie del Poder Judicial, tampoco a Derechos Humanos”, señaló García en el homenaje. Una ausencia que también deja entrever un vacío simbólico en la contención hacia quienes, como Tagariello, arriesgan la vida en nombre de la seguridad pública.
El jefe policial confirmó que la institución acompañará a las hijas de Marcela, no sólo en el plano emocional sino también en la querella judicial que busca identificar a los responsables detrás de la cadena de decisiones que dejaron a un reincidente armado y libre en las calles.
Más allá del dolor y la bronca, la reflexión que deja este caso interpela directamente a la sociedad. ¿Qué equilibrio debe buscar el sistema judicial entre derechos individuales y la protección de la comunidad? ¿Hasta dónde es tolerable la reincidencia sin que se tomen medidas firmes?
Marcela Tagariello no murió sólo por una bala: murió también por un engranaje judicial que falló en protegerla. Y esa es la discusión que no puede seguir esquivándose. Si un Estado no logra resguardar a quienes lo defienden en primera línea, ¿qué garantías puede ofrecer al resto de los ciudadanos?
