ESTAFA SILENCIOSA: LOS SOCIOS CUMPLIERON, LA COOPERATIVA NO
Por: G. GALMARINI.
El reciente embargo confirmado por la Cámara Civil y Comercial Federal sobre las cuentas de Servicoop por más de 475 millones de pesos no solo pone en evidencia una crisis financiera prolongada, sino que también deja expuesta una preocupante falta de transparencia que merece ser abordada con urgencia.
Lo más grave no es la deuda en sí, sino que los socios —es decir, los usuarios del servicio eléctrico de Puerto Madryn— ya la habrían pagado. A través del ítem 351 de cada boleta mensual, con el detalle claro de que se trata del concepto correspondiente al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), Servicoop viene cobrando desde hace años el dinero que debía transferir a Cammesa. Sin embargo, esos fondos no habrían sido utilizados con ese fin. El resultado: Cammesa embarga, los vecinos pagaron, pero el dinero no llegó.
Este dato no figura en la mayoría de los comunicados ni en los informes oficiales, pero es central. Porque lo que se está revelando no es solo una deuda millonaria: es una cadena de decisiones administrativas que podrían encuadrar en el incumplimiento deliberado del destino de fondos específicos.
Y la pregunta que resuena en la comunidad es inevitable: ¿dónde fue a parar nuestro el dinero?
La sorpresa ante el embargo es legítima. Más aún cuando tanto las autoridades de la cooperativa como el propio intendente de la ciudad afirmaron públicamente que existía un acuerdo con Cammesa, que incluía un año de gracia y 60 cuotas. Esa versión fue reforzada con una ordenanza municipal que autorizó un aumento superior al 20% en las tarifas, supuestamente destinado a cumplir con la energía corriente. Todo indicaba que el conflicto estaba encauzado. Pero no.
La resolución judicial reciente, que reimpone el embargo por más de $365 millones en concepto de facturas y notas de débito impagas, e incluye otros $110 millones por intereses y costas, demuestra lo contrario. Peor aún, el fallo deja en claro que el juicio por esta deuda no es reciente: comenzó en 2019. Es decir, hace más de cinco años que el conflicto está latente y, por lo visto, sin solución real.
Frente a esto, cabe exigir explicaciones. No solo técnicas o administrativas, sino políticas y éticas. Porque este no es un simple diferendo entre dos entidades. Aquí hay vecinos que han cumplido puntualmente con sus obligaciones, creyendo que sus pagos mantenían en funcionamiento un servicio esencial. Pero la verdad que emerge parece ser otra: pagaron por una deuda que la propia prestataria nunca canceló.
Las cooperativas de servicios nacieron con un espíritu solidario, para garantizar derechos y equidad donde el mercado no llegaba. Pero cuando ese modelo se transforma en una estructura opaca, con prácticas que perjudican a sus propios socios, deja de ser cooperativa para convertirse en otra cosa.
Es hora de respuestas. Y también, de responsabilidad.
