ASESINATO DE MARCELA: UN ASESINO QUE ESTABA SUELTO POR DECISION JUDICIAL
“Me la mandé, maté a una policía y estoy jugado.” La frase, brutal y desnuda, la habría dicho Lucas Miguel Entraigas poco después de dispararle a quemarropa a la oficial Marcela Tagariello en Puerto Madryn. Así lo declaró una testigo en la audiencia de apertura de investigación realizada este jueves. Pese a esa confesión informal, la Justicia aún lo trata como “sospechoso”. Y a ese “sospechoso”, hoy lo cuidan.
El dato que agrava aún más la indignación: Entraigas gozaba de libertad condicional desde hacía un año, a pesar de contar con múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad y situaciones de violencia. La medida fue dispuesta por el juez Marcelo Orlando Yanguela, una decisión judicial que, en los hechos, devolvió a las calles a un hombre que terminó matando a una servidora pública. El resultado está a la vista.
Según se conoció en la audiencia, Entraigas fue sorprendido por una mujer y su sobrino cuando regresaban a su vivienda. Estaba armado, amenazó a la familia y huyó con pertenencias. El menor logró escapar y dar aviso a la Policía. Fue entonces cuando llegó el patrullero con Tagariello a bordo. La oficial habría confundido al delincuente con el dueño de casa. “¿Están bien?”, preguntó. Esa fue su última frase. Recibió dos disparos: uno fue contenido por el chaleco, el otro atravesó su tórax. Murió minutos después.
La fiscalía lo imputó por homicidio doblemente agravado y robo agravado por el uso de arma de fuego, delitos que contemplan prisión perpetua. La jueza Patricia Reyes dictó prisión preventiva por seis meses. Hasta ahí, lo previsible. Lo insólito vino después: Entraigas pidió ser trasladado a la Unidad 6 de Rawson o al Instituto Penitenciario Provincial. Su defensa solicitó además medidas de seguridad para preservar su integridad. La jueza accedió.
A partir de ahora, y mientras avanza el proceso, el Estado deberá disponer traslados de casi 90 kilómetros de ida y de vuelta, cada vez que el detenido sea citado a comparecer en Madryn. Eso implica recursos, logística y personal policial que bien podrían estar cuidando a la sociedad. Hoy, se cuida al asesino. Y los costos —como siempre— los pagan los ciudadanos a través de sus impuestos.
El caso de Marcela Tagariello duele y también interpela. No sólo por el crimen en sí, sino por lo que deja expuesto: un sistema judicial que libera a quien no debía ser liberado, y que luego, tras el desastre, protege con esmero al mismo sujeto que desató la tragedia. Un sistema que ofrece garantías a quien eligió el camino de la violencia, pero que le falló —una vez más— a quien tenía el deber de protegernos.
